“Queremos a la gente que trabaja, no la que roba”, aseguraba el Ministro Francés Gerald Darmanin en una entrevista con la radio France Info el pasado martes cuando se anunció la modificación de la ley de inmigración de Francia.
El mismo día en el que el gobierno de Emmanuel Macron anunciaba las directrices de una nueva ley migratoria en la Asamblea Nacional, que se pretende aprobar el año que viene. Según el ejecutivo pretende ser un “texto equilibrado” cuyo objetivo principal es promover y acelerar las expulsiones de extranjeros en situación irregular.
Además también plantea crear un nuevo permiso de residencia para aquellos migrantes en situación irregular que trabajen en sectores con escasez de mano de obra.
“Este texto será equilibrado. Solo podemos acoger con dignidad si hacemos respetar nuestro derecho”, afirmaba la ministra Élisabeth Borne en el debate parlamentario en el que se debatía por primera vez la modificación de esta ley. Según ella, la administración gala “debe decidir a quién quiere y puede acoger y a los que no”.
Preocupación entre las ONGs por las posibles expulsiones
Aunque el ejecutivo francés ha querido maquillarlo, uno de los principales objetivos de esta nueva modificación es facilitar la expulsión de personas en situación irregular.
“Aquellos que comenten delitos no pueden continuar en suelo nacional”, aseguraba Darmanin, ministro del Interior, “se expulsará a todos aquellos extranjeros condenados por delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, contra los policías o el tráfico de drogas. Hasta ahora, demasiadas reglas nos impedían expulsar un criminal de nuestro territorio.
No obstante, el texto también plantea una orden de expulsión casi inmediata para los solicitantes de asilo a los que se les deniegue su petición. “Esta medida me parece problemática”, se mostraba preocupado Pierre Henry, presidente de la asociación France Fraternités, que recuerda que “las prefectura ya emiten órdenes de expulsión como si fueran panecillos”.
De hecho, la nueva modificación de la ley también reducirá de manera drástica los recursos legales a los que pueden acceder aquellos a los que se les deniega el asilo o se les tramita una orden de expulsión.
También plantea que las demandas de asilo sean tramitadas por un único juez, en vez de manera colegial, lo que según las ONGs podría provocar un tratamiento más arbitrario. Además se exigirá aprobar un examen de francés para obtener un permiso de residencia.
Mayores facilidades para trabajadores de la restauración y la construcción
En un intento por compensar su lado más duro, el nuevo proyecto de ley incluirá un permiso de residencia de un año, menor que los permisos de residencia convencionales, para aquellas personas migrantes que trabajen en sectores donde haya escasez de mano de obra, como pueden ser la restauración, la construcción o la agricultura.
Se creará una lista de profesiones “en tensión” en cuyos sectores se permitirá la contratación de personas en situación irregular, además de destinar un 25% más de ayudas a la integración y agilizar los trámites burocráticos para conseguir el permiso de residencia.
Pese a que la patronal francesa lleva meses quejándose de la falta de mano de obra, el ministro de trabajo ha asegurado que no se van a regularizar a los casi 700.000 migrantes sin papeles que viven en Francia, sino que esta nueva medida solo va a afectar a “unas decenas de miles de personas”.
En la última década los expedientes de expulsión de migrantes en Francia se han duplicado, pasando de 60.000 en 2011 a las 120.000 en 2019. No obstante, apenas el 10% de ella acaban siendo efectivas por la falta de coordinación con los países de origen. En 2021, se consiguieron llevar a cabo el 21% de las órdenes de expulsión y el actual gobierno galo pretende volverse más eficiente a este respecto.
