El Ministerio del Interior español ha rechazado la exigencia del gobierno francés de crear brigadas policiales conjuntas para controlar el paso de migrantes irregulares a través de las fronteras terrestres entre los dos países.
Francia planteó esta posibilidad como contrapartida a volver a abrir al completo los pasos fronterizos con España que están cerrados o sometidos a vigilancia policial desde el comienzo del Covid, como “medidas excepcionales” de seguridad ante una posible amenaza terrorista.
Una situación que genera un gran malestar en la zona de los Pirineos, ya que dificulta la movilidad de personas que trabajan al otro lado de la frontera.
Era una de las principales peticiones de París en la cumbre bilateral del pasado jueves que se celebró en Barcelona entre el presidente Pedro Sánchez y su homólogo francés Emanuel Macron, donde se selló un “histórico” Tratado de Amistad y Cooperación, sobre todo en materia energética, pero también en el plano policial y de seguridad.
No obstante, el gobierno español ha dejado de lado una de las principales exigencias de los franceses que pretendían desplegar unas “brigadas o unidades cooperativas” para controlar el paso de migrantes irregulares a través de la frontera de los Pirineos.
Para Madrid, la colocación de estas patrullas o unidades operativas contravendrían el marco del Espacio Schengen, que permite la libre circulación de personas y mercancías en los estados miembros de la Unión Europea.
Malestar francés por los “flujos migratorios secundarios”
Esta no es la primera vez que Francia muestra públicamente su malestar por los llamados “flujos migratorios secundarios” que llegan desde España e Italia a su territorio y que hace referencia al volumen de migrantes que desembarcan en las costas de estos dos países pero que acaban en países del centro de Europa ante la falta de fronteras internas.
Ya en 2021, Francia intentó controlar el flujo de migrantes en la frontera con Gipuzkoa que estaban tratando de cruzar al territorio francés. Cientos de migrantes que habían llegado en patera a Canarias se quedaron atrapados en Irún y el gobierno vasco tuvo que improvisar refugios y albergues para alojar temporalmente a estas personas, muchas de ellas detenidas por la policía francesas y devueltas a la fuerza a España.
Según fuentes del gobierno vasco, el paso de migrantes por la red de albergues desplegados ha descendido un 20% en el 2022, aunque todavía no se dispone de cifras concretas.
El mayor flujo se dio entre 2018 y 2019, cuando más de mil personas llegaron a las costas andaluzas desde Marruecos y semanas o meses después estaban cruzando la frontera con Francia desde Euskadi y Cataluña.
En aquel momento los operativos de seguridad franceses fueron muy criticados por las ONGs al ser descubiertos haciendo “devoluciones en caliente” dentro del espacio Schengen. Incluso el Tribunal Europeo de Justicia sentenció que Francia no podría utilizar la excusa del terrorismo para interceptar y devolver a España a migrantes irregulares sin garantía jurídica.
De hecho, algunas de las personas que fueron devueltas fueron encontradas muertas en el Río Bidasoa, una peligrosa ruta alternativa a las fronteras terrestres que cada vez está siendo más utilizada.
