El Consejo de Europa no ha querido mirar a otro lado con el nuevo decreto planteado por Italia que restringe la actividad de los barcos humanitarios en el Mediterráneo, y le ha pedido en una carta abierta, que se lo replantee.
En la misiva dirigida al ministro del Interior italiano, Matteo Piatedosi, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, le pide que revise o retire el nuevo decreto ya que su aplicación podría obstaculizar las operaciones de búsqueda y rescate de las ONGs y esto entraría en conflicto con sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional.
“El decreto y la práctica de asignar puertos distantes para desembarcar a las personas rescatadas en el mar corren el riesgo de privar a las personas en peligro de la asistencia vital de las ONGs en las rutas más mortíferas del Mediterráneo”, asegura la comisaria en el escrito.
Además, pide a las autoridades italianas que suspendan la cooperación con el Gobierno libio para que intercepten en el mar las embarcaciones de migrantes que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo, y que proporcione la información necesaria para conocer la veracidad de las denuncias impuestas por algunos migrantes en las que aseguran haber sido enviados de Italia a Grecia en barcos privados donde “se les priva de la libertad en condiciones preocupantes”.
En referencia a esto, la Comisaria recuerda el carácter “crucial” de las “evaluaciones individuales” y pide el fin las “devoluciones forzosas” de personas que llegan a la frontera en busca de protección.
La contestación de Italia
La nueva norma adoptada a finales de diciembre por el gobierno de extrema derecha italiano, contempla la posibilidad de imponer sanciones a las ONGs que van desde multas económicas hasta el secuestro de las embarcaciones.
Además obliga a estas a recoger el mayor número posible de migrantes en sus embarcaciones para evitar los rescates continuos, que también pretenden minimizar asignando puertos lejanos a los ONGs que los solicitan y que pueden llegar a estar días sin aparecer por las zonas principales de salvamento.
En su respuesta, el Gobierno italiano ha asegurado que “contrariamente a lo que se afirma, las nuevas disposiciones no impiden a las ONGs llevar a cabo más operaciones de rescate, ni las obligan a ignorar las peticiones de ayuda”.
“Lo que la nueva norma pretende evitar es, más bien, la actividad sistemática de recuperar migrantes en aguas de las costas libias y tunecinas para llevarlos exclusivamente a Italia, sin ningún tipo de coordinación”, un “modus operandi” que según el gobierno italiano, “se ha extendido entre las ONGs que queda fuera de las disposiciones de los convenios internacionales sobre salvamento marítimo”.
