“El jefe metió mi dinero (375 euros) en su bolsillo”. “Los agentes buscaban claramente dinero. El hombre incluso quiso mirar mis bragas. Me tocaron los pechos y entre las piernas”, relatan a El País los ciudadanos cubanos Lino Antonio Rojas Morell y Yudith Pérez Álvarez sobre su encontronazo con las autoridades griegas de Evros cuando se personaron allí para pedir asilo.
Su denuncia ha sido admitida a trámite por el Comité de Derechos Humanos de la ONU pero su historia no es la única, sino una más de las muchas que relatan los abusos que los migrantes sufren por parte de las autoridades griegas y que durante meses han ido recogiendo el periódico El País junto con el medio griego Solomon.
Las conclusiones de esta investigación revelan un modus operandi por parte de las autoridades griegas: la mayoría de los migrantes son capturados nada más cruzar la frontera de forma ilegal y son trasladados a diferentes puntos de concentración, comisarías, cuarteles o almacenes, donde se les trata de forma violenta y se les niega la posibilidad de solicitar asilo o registrar su detención tal como exigen las leyes helenas y europeas.
Lo que hace unos años eran incidentes aislados, ahora se ha convertido en una práctica habitual. “Cuando les confiscas los teléfonos móviles se elimina cualquier prueba de que estuvieron allí. Cuando les confiscas el dinero haces que su vida sea más difícil. Cuando les dejas desnudos, otra tendencia que van en aumento, los humillas y desmoralizas. Es parte de una estrategia para convencerles de que no deben cruzar la frontera”, explica Eva Cossé, investigadora de Human Rights Watch (HRW).
En 2017 solamente el 11% de los afectados denunciaron que se les había despojado del dinero, en los años siguientes la proporción no ha hemos más que crecer: en 2022 el robo de dinero se denunció en un 92% de los casos.
Los datos coinciden con los publicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Grecia, que asegura que en el 88% de los casos los deportados ilegalmente sufrieron violencia y en el 93% se les quitó el dinero y las pertenencias.
El Ministerio de Protección Ciudadana de Grecia asegura que en 2022, más de 260.000 personas intentaron entrar ilegalmente en el país y las autoridades se lo impidieron, aunque no aclara si antes o después de cruzar la frontera.
Según la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, entre 2020 y 2021 tiene pruebas de 311 incidentes que supusieron la devolución ilegal a Turquía de “al menos 6.680 personas”. “Lo hacemos igual que lo hacen otros países. Solo que ellos no son tan hostiles contra los migrantes como nosotros”, reconoce una fuente de Frontex al periódico.
Teléfonos móviles para los hijos de los policías
El pasado 3 de abril, un joven sirio de 22 años fue detenido en un bosque cercano al río Evros por un grupo de policías encapuchados. Según la víctima los agentes le robaron todas sus pertenencias después de propinarle una paliza con una porra. También su teléfono, el cual le obligaron a desbloquear.
“Cuando me metieron en el coche, vi que tenían muchos teléfonos y baterías portátiles. Cuando uno de los hombres sacó un cigarrillo de su bolsillo, vi que llevaba muchos billetes de euros. Creo que se los había quitado a otras personas”, denunció.
“Los hijos de los policías aparecen en la escuela con teléfonos móviles nuevos y dicen orgullosamente que sus padres se los quitaron a los migrantes ilegales. La primera noticia que tuve de ello fue a través de un pariente, pero luego me lo han confirmado los padres de otros alumnos”, explica una fuente que asegura que cada vez predomina más “la narrativa de la ultraderecha”.
Para un migrante su teléfono móvil es la conexión con el mundo, con sus familiares y con sus amigos que saben que ha emprendido este peligroso viaje y la monitorizan a través del teléfono, además de permitirle encontrar a personas en situación parecida o solicitar ayuda. Privarles de esta herramienta tan necesaria y fundamental es dejarles en la nada.
