Desde el pasado 3 de mayo, Lituania ha implementado una nueva ley que permite las devoluciones en caliente de los migrantes irregulares en la frontera. Esta práctica supone negar la opción de las personas que llegan al país de pedir asilo o declararse como refugiados.
Esta práctica lleva siendo utilizada por Lituania desde el verano de 2021 cuando hubo un aumento repentino en el número de migrantes que cruzaban la frontera desde Bielorrusia.
La UE ha descrito esta situación como un “ataque hibrido” y ha sospechado de un intento de desestabilizar el bloque. La nueva ley de Lituania estará destinada a aplicarse en circunstancias excepcionales y diferenciará entre migración natural e instrumentalizada, según el Ministerio del Interior del país.
Despliegues de guardias fronterizos civiles
Lituania ha construido un cercado fronterizo de cuatro metros de altura y alambre de púas a lo largo de aproximadamente 550 kilómetros de su frontera de casi 680 kilómetros con Bielorrusia, con el objetivo de evitar la entrada ilegal de migrantes en la Unión Europea.
Además, según la nueva ley, los llamados guardias fronterizos civiles también patrullarán la frontera. Sin embargo, hay críticas de organizaciones no gubernamentales, que están preocupadas por el bajo umbral de entrada para este trabajo y por la posibilidad de que estos guardias fronterizos puedan usar la fuerza, lo que puede llevar a la criminalización de los migrantes. La legislación actual de la UE establece que los guardias fronterizos deben ser profesionales capacitados y especializados.
Es esencial que la protección de las fronteras de la UE se realice sin violar los derechos fundamentales
La semana pasada, un portavoz de la Comisión Europea anunció que se encontraba evaluando la ley y en contacto cercano con las autoridades lituanas. En lo que respecta a las devoluciones, la Comisión reiteró su posición de que la protección fronteriza debe llevarse a cabo siempre en total respeto a los derechos fundamentales.
Sin embargo, Karl Kopp, director de Asuntos Europeos de Pro Asyl, expresa dudas de que la Comisión Europea esté cumpliendo efectivamente su función de proteger los derechos fundamentales. Kopp considera que la Comisión no ha sancionado suficientemente las violaciones de derechos humanos y ha dejado pasar muchas situaciones críticas.
Como guardián de los Tratados, la Comisión tiene la obligación de hacer cumplir los derechos de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales, y de monitorear y sancionar las violaciones de los derechos humanos, según Kopp.
El año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo tuvo que examinar las leyes de asilo de Lituania. En una sentencia relacionada con la legislación del estado de emergencia que estaba vigente en ese momento, el tribunal dejó en claro que sería una violación de la legislación de la UE si la imposición de un estado de emergencia resultara en que los migrantes no tuvieran acceso a ningún procedimiento de asilo.
Además del posible uso de la fuerza durante las devoluciones, la negación de un procedimiento formal de asilo es otro problema difícil. Los legisladores lituanos han afirmado que la nueva regulación establece provisiones legales para que los guardias fronterizos evalúen cada caso de manera individual y tomen decisiones basadas en esa evaluación, según Juskaite.
Sin embargo, en su opinión, los guardias fronterizos no tienen las calificaciones necesarias para tomar esas decisiones. Un activista de derechos humanos que habló con DW dijo que había visto a niños siendo expulsados, personas siendo empujadas de regreso al bosque sin zapatos durante el invierno, y personas que murieron en el bosque en Lituania.
El Consejo de Europa dice que las devoluciones beben cesar
La semana pasada, la Ministra del Interior de Lituania, Agne Bilotaite, expresó que el país debe protegerse. Según informó la agencia de noticias AFP, la política conservadora aseguraba que “cuando se trata de seguridad nacional y derechos humanos, no hay soluciones fáciles ni alternativas”.
Sin embargo, es poco probable que estas justificaciones sean bien recibidas en el Consejo de Europa. A finales de marzo, el Comité para la Prevención de la Tortura instó a los gobiernos europeos a poner fin a las devoluciones en caliente, especialmente en las fronteras terrestres y marítimas de la UE.
CPT afirmó que los estados no pueden ignorar sus obligaciones de derechos humanos en la frontera y que las devoluciones son ilegales. Las ONG lituanas planean llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros organismos internacionales. La Comisión Europea aún está evaluando la situación antes de tomar medidas.
